POLÍTICA
Declara extinguida por fallecimiento la responsabilidad penal de los sospechosos
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en la presentación de su libro. /REUTERS
El juez Garzón ha decidido desistir en su intento de someter el franquismo a una revisión judicial. En una prolija resolución notificada ayer, recién reincorporado a su despacho tras una baja médica, el magistrado archiva la causa penal y deja en manos de los jueces locales el futuro de las fosas comunes. Son ya 61 -19 al inicio de la investigación- cuya apertura fue autorizada por el instructor y paralizada la pasada semana por el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que todavía tiene la última palabra en toda esta polémica.
El magistrado se aferra a un tecnicismo legal: un mes después de asumir la competencia para investigar el alzamiento nacional y la posterior dictadura franquista, el juzgado ya ha recibido constancia oficial certificada del fallecimiento del general Francisco Franco y los 39 integrantes de sus primeras juntas militares. Asimismo, el Ministerio del Interior le informó días atrás de la composición de todas las cúpulas directivas que tuvo la Falange entre 1937 y 1951, etapa histórica en la que participó de manera muy activa en la represión de los leales a la II República, y certificó que ninguno de aquellos falangistas sigue vivo en la actualidad.
Con esa base, el magistrado declara extinguida por fallecimiento la responsabilidad penal de los sospechosos, con Franco a la cabeza. El listado incluye a personajes como los generales Emilio Mola, Gonzalo Queipo de Llano o Agustín Muñoz Grandes; y políticos de la época como Ramón Serrano Súñer, Raimundo Fernández Cuesta o Ernesto Jiménez Caballero.
Sin sumario que dé soporte a la autorización para exhumar los restos enterrados en 61 fosas, el juez se inhibe y deja la decisión última en manos de los correspondientes jueces ordinarios locales, a los que remitirá copia literal de la causa. Pero la última palabra queda en manos del pleno de la Sala de lo Penal, que debe revisar esta decisión y confirmarla o adoptar un criterio nuevo.
En la misma resolución conocida ayer, Garzón pone en conocimiento del Ministerio de Justicia la creación de un grupo de expertos, de una unidad policial y de un equipo de peritos encargados de localizar los restos de los más de 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo e identificarlos, a fin de que su trabajo no se solape con otras iniciativas emanadas de la Ley de Memoria Histórica y permita establecer un adecuado protocolo de exhumaciones y custodia de los restos recuperados.
Identidades robadas
La muerte de Franco como base de un archivo no deja de ser una añagaza. La iniciativa de Garzón parece ser un quiebro para evitar el duro varapalo que le preparaba el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la mayoría de cuyos integrantes no le creen competente para investigar el franquismo. La inhibición no frena, pero sí deja sin consecuencia práctica el recurso del fiscal jefe Javier Zaragoza, que defiende que el juez no es competente para abrir una investigación penal contra el franquismo, lo que sería una 'causa general' proscrita por la legislación española, entre otros argumentos.
Pero lo más novedoso de la resolución de Garzón es que puede haber víctimas del franquismo en el periodo investigado -julio de 1937 a diciembre de 1951- vivas. Se trata de «personas que durante su primera infancia o preadolescencia» fueron 'sustraídos' a la tutela de sus madres naturales durante la guerra o tras la misma.
También, aquellos 'niños de la guerra' que fueron «recuperados» contra la voluntad de sus progenitores en el extranjero, entre 1939 y 1949, a través sobre todo del Servicio Exterior de Falange.
