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El Ayuntamiento de Oiartzun señala que la Diputación aceptó el cambio del proyecto Califica de «desafortunadas» las imputaciones de la institución foral
Obras de reparación del tramo hundido. /MICHELENA
DV. El Ayuntamiento de Oiartzun afirmó ayer que la construcción del talud del polígono Lanbarren se ejecutó con el acuerdo de la Diputación. Este talud se deslizó el pasado 7 de noviembre, provocando el hundimiento de un carril de la A-8.
El Ayuntamiento sale así al paso de las manifestaciones realizadas el martes en las Juntas Generales por Eneko Goia, diputado de Infraestructuras Viarias. Goia acudió a la Cámara para explicar las causas del desplome e indicar los posibles responsables.
El diputado atribuyó el derrumbe a fallos en el talud del polígono. No achacó la responsabilidad al Ayuntamiento de Oiartzun, pero indicó que el anclaje de la ladera se realizó utilizando un método distinto al consignado en el proyecto aprobado por la Diputación.
La atribución de responsabilidades no es algo baladí. Sólo en las obras de emergencia para asegurar la estabilidad de la A-8 la Diputación ha gastado 300.000 euros.
Acuerdo de todos
El Ayuntamiento de Oiartzun asegura que el talud se ejecutó «tal y como los responsables técnicos del proyecto y la dirección de obra indicaron, previa modificación del proyecto inicial, con base en los datos existentes y con el acuerdo de todas las partes implicadas».
El consistorio añade que durante la obra, dada la cercanía de los técnicos de la Diputación y de Bidegi que trabajaban en la ampliación de la A-8, éstos «participaron en la supervisión de cuanta decisión era adoptada». El Ayuntamiento añade que por indicación de los técnicos forales «se adoptaron medidas complementarias, como la inclusión de una fila más de anclajes en zonas del talud colindante de la A-8. El tramo que ha sufrido el desprendimiento se ejecutó con su visto bueno y sin mención especial alguna».
En cuanto a la titularidad del polígono, el consistorio señala que es de dominio público municipal, pero recuerda que la sociedad está participada al 51% por Sprilur y el resto, a partes iguales entre Diputación y Ayuntamiento.
El Ayuntamiento considera «desafortunadas las imputaciones que sin justificación quieran realizarse». Añade que se deberá esperar a los informes técnicos para aclarar la causas del derrumbe, pero señala que el tramo afectado «recoge un caudal importante de agua de lluvia: las propias de los montes cercanos y las de la A-8».
